Quienes trabajan en el servicio doméstico tendrán derecho a una indemnización por despido igual a la prevista en el régimen general de contratosde trabajo; podrán tomarse la licencia por maternidad percibiendo el sueldo, y tendrán un descanso semanal garantizado de 35 horas entre el sábado y el lunes.

Quienes dan trabajo en sus hogares, por su parte, seguirán pagando las mismas contribuciones que hasta ahora, pero habrá dos diferencias en el sistema de esas cargas sociales: la obligación de aportar regirá sin límites de horas trabajadas, con un mínimo de $ 20 -hoy la exigencia se da a partir de un mínimo de 6 horas por semana-, y la figura del "dador de trabajo" cambiará por la de "empleador", con lo cual deberá identificarse como tal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Esos son algunos de los cambios previstos en el proyecto de ley anunciado ayer por el Gobierno, y que será enviado hoy al Congreso. Según se estima, hay alrededor de un millón de trabajadoras, pero sólo un 10% está registrado y tiene aportes para la obra social y la jubilación, pese al blanqueo que se buscó provocar a partir de la posibilidad de deducir los sueldos y contribuciones de ese personal -hasta un límite de $ 9000 anuales- de la base de cálculo del impuesto a las ganancias. Esta posibilidad seguirá vigente.

El anuncio de la derogación del decreto ley 326 de 1956 y su sustitución por un nuevo marco normativo fue hecho ayer por la presidenta Cristina Kirchner, quien dijo que la iniciativa establece permitir el trabajo de las jóvenes de 16 a 18 años si se garantiza la finalización del ciclo educativo secundario.

Fuente: La Nación - www.lanacion.com.ar