Fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Ordenaron indemnizar con ajuste un despido

Mediante un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia ordenó ajustar por el índice de inflación de precios minoristas acumulado desde enero de 2002 el monto de la indemnización de un grupo de trabajadores que habían sido despedidos por una empresa en 2001. En una decisión tomada por dos votos contra uno, los jueces declararon la inconstitucionalidad del artículo de la ley de emergencia económica que impide cualquier tipo de indexación en las obligaciones dinerarias entre partes. En primera instancia, el juez no se había expresado en igual sentido.

La sentencia, en caso de quedar firme -ya que puede ser apelada-, obligaría a actualizar el monto por un coeficiente del 44,5%, que es la inflación acumulada desde la devaluación. Pero además, se le impone a la empresa el coeficiente de actualización que usualmente se utiliza en estos casos: la tasa activa del Banco Nación para sus operaciones de crédito, que hoy es del 3 por ciento mensual (36 por ciento anual).

La decisión, que cuenta con algunos antecedentes, por caso en un tribunal de Córdoba, fue tomada por la Sala VI de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Rodolfo Capón Filas, Juan Carlos Fernández Madrid y Héctor de la Fuente. Se trata del caso "Saravia, Stella Maris y otros c/Richi SA s/despido", en el que tres trabajadores reclamaron su indemnización al no aceptar la justificación que había dado el empleador para dejarlos cesantes.

El criterio de Capón Filas, en un voto que fue avalado por Fernández Madrid, pero no por De la Fuente, indica que, al haber existido inflación de precios, desaparecieron los motivos que sostenían la prohibición de indexar las sumas que unas partes les deben a otras. La sentencia hace un largo recuento de cómo fue afectado el poder adquisitivo en 2002 y del incremento de los índices de pobreza.

Según el fundamento del voto, el artículo que impide indexar "agrede el derecho humano a la propiedad privada". El escrito agrega, con ironía, que de no declararse inconstitucional tal disposición "se archivarían el artículo 14 bis y el artículo 17 de la Constitución Nacional en los museos de la Historia, junto con el arado de mancera y la rueca de nuestras abuelas, y se permitiría agredir la especie humana como tal". Los citados artículos de la Carta Magna son los que se refieren a las garantías laborales y al respeto a la propiedad.

El escrito señala que, por el paso del tiempo y lo ocurrido en la economía, la empresa demandada ve licuada su deuda, lo que determina que se genere una transferencia de recursos desde los trabajadores a los empleadores.

Consultado por LA NACION, el abogado laboralista Juan José Etala, asesor de empresas, señaló que no correspondería superponer la actualización por inflación con la de la tasa de interés activa de los créditos, ya que en ese caso lo que se afecta es el derecho de propiedad de la empresa. Según consideró, la actualización por precios sería más lógica si se usara, como complemento, una tasa de interés pura, sustancialmente menor que la de operaciones bancarias, que es la que ordena utilizar el fallo.

Criterios
Para Horacio Meguira, director del departamento jurídico de la central obrera CTA, el fallo tiene lógica por los efectos que dejó la inflación. El abogado consideró que algunas apreciaciones de la Corte Suprema de Justicia en el caso Tobar (el que declaró inconstitucional el recorte del 13 por ciento a empleados públicos y jubilados) son un antecedente respecto de lo que opina el máximo tribunal sobre el tema.

En esa sentencia, según recordó Meguira, si bien no se falla sobre la prohibición de indexar, "se menciona que variaron las condiciones y que han desaparecido las causas que justificaban esa disposición". Ocurre que la norma que impide actualizar por inflación estaba originalmente incluida en la ley de convertibilidad y luego fue ratificada por la ley 25.561, de emergencia económica.

En particular, en el caso Saravia, lo primero que tuvieron que resolver los jueces fue la existencia o no de la justa causa para el despido. Según los empleadores, los trabajadores se habían expresado con "gestos obscenos, improperios y amenazas de tener el poder de perjudicar a la empresa" en una reunión en la que expresaban reclamos gremiales. Pero según los jueces, la existencia de esas reacciones no fue probada, y sí lo fue la persistencia, durante el encuentro en cuestión, de un fuerte clima de tensión.
Fuente: Silvia Stang - La Nación - www.lanacion.com.ar